El IVA de Caja era una de las medidas estrella de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Con esta medida el Gobierno pretendía “dar oxígeno” a las pymes ya que aquellas que se acogen a este criterio no tienen que pagar el IVA de sus facturas emitidas hasta que realmente no han cobrado pero tampoco pueden deducirse el IVA de sus gastos hasta que realmente no han realizado el pago. Esta era una de las reivindicaciones de las pymes desde hace años, sin embargo tras su entrada en vigor el día 1 de enero del 2014 no parece que haya tenido mucho éxito. ¿A qué se debe?
Uno de los principales problemas es que exige un mucho mayor control administrativo ya que las empresas acogidas liquidaran el IVA en función de los cobros y pagos y no en el momento de emisión y recepción de las facturas.
Y otro problema es que si una empresa tiene un cliente que se ha acogido al criterio de IVA de CAJA no podrá deducirse el IVA hasta que realmente lo haya pagado. Con lo cual también le obliga a este a un mayor control administrativo y al retraso de la deducción de dicho IVA. Esto está llevando a que muchas pymes que tienen como clientes grandes empresas que tienen periodos de pago muy dilatados no se estén acogiendo por miedo a que cambien de proveedores.
Así que como ocurre a veces, la teoría estaba muy clara sin embargo cuando se tiene que poner en práctica es cuando empiezan a surgir los problemas.
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